Durante la conmemoración del 35° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en Panamá representé a cientos de niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe con el objetivo de visibilizar una realidad dolorosa: la falta de acceso efectivo a la justicia para las víctimas de abuso sexual, trata de personas y adolescentes en conflicto con la ley.
Uno de los temas más preocupantes que abordamos fue la violencia que ocurre dentro de los procesos conciliatorios. Para muchas víctimas, estos procesos, lejos de brindar justicia, se convierten en una experiencia revictimizante. En lugar de proteger sus derechos, la conciliación en casos de abuso sexual o trata muchas veces obliga a las víctimas a enfrentarse a sus agresores, generando una dinámica de poder que las vuelve a someter. Además, la falta de orientación adecuada y la presión para “resolver” los casos rápidamente contribuyen a la impunidad y dejan a las víctimas aún más desprotegidas.
Otra problemática crucial que discutimos fue el desconocimiento de los derechos legales tanto de las víctimas como de los adolescentes en conflicto con la ley. Muchos adolescentes no saben que tienen derecho a un proceso justo, a ser escuchados, a recibir asistencia legal adecuada. Esto se extiende también a sus familias y círculos de apoyo, quienes carecen de la información necesaria para garantizar una defensa adecuada. La falta de educación jurídica básica perpetúa la desigualdad, dejando a estos jóvenes y sus familias sin herramientas para defenderse frente a un sistema complejo y, muchas veces, injusto.
En mi intervención, insistí en la urgencia de crear más juzgados especializados en niñez y adolescencia, así como de garantizar que los procesos sean comprensibles y accesibles para las víctimas. Señalé la necesidad de separar claramente a las víctimas de los adolescentes en conflicto con la ley, ya que la mezcla de ambos perfiles en los mismos espacios no solo pone en peligro a las víctimas, sino que también perpetúa estigmas y violencias adicionales.
Sin embargo, más allá del acceso a la justicia, este encuentro fue una oportunidad para destacar la urgencia de cubrir los derechos básicos que en países como Guatemala siguen siendo vulnerados. La falta de acceso a alimentación, educación y salud sigue marcando la vida de miles niñas y niños.
La elaboración del Manifiesto de Adolescencia por la Justicia sin Barreras fue uno de los momentos más significativos. En este documento, abogamos por la eliminación de los procesos conciliatorios en casos de abuso sexual y trata, y subrayamos la necesidad de brindar orientación legal y psicológica tanto a las víctimas como a los adolescentes en conflicto con la ley. Propusimos también campañas de educación para que las familias y comunidades conozcan los derechos legales de la niñez y adolescencia, asegurando así un entorno de mayor protección y justicia. Además, dejamos claro que las voces de las niñas, niños y adolescentes deben ser escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones que afectan sus vidas.
Escuchar a otros jóvenes que compartieron sus experiencias de injusticia me dejó claro que la lucha por la justicia no puede esperar. La falta de información, la violencia en los procesos judiciales y la revictimización sistemática son problemas estructurales que deben ser abordados con urgencia. Este viaje a Panamá no solo fue una experiencia transformadora, sino también un llamado a la acción. No basta con señalar las fallas del sistema; debemos exigir cambios concretos que garanticen justicia para quienes más la necesitan. La justicia no puede ser un proceso que revictimice, silencie o deje atrás a las víctimas y sus familias.
Volví con la firme convicción de que la justicia debe ser rápida, accesible y humana.
